Esta semana se ha reactivado el espacio “Mesa Alto a la TB de San Juan de Lurigancho”; asimismo el MINSA, luego de las acciones de las organizaciones de afectados con TBC, convocó a éstas y se comprometió a reiniciar las cirugías de tórax para casos graves vía un plan de contingencia del que hay que estar vigilantes; y se desarrolló la reunión de Ministros de Salud de la Región Andina y Caribe convocada por el “Organismo Andino de Salud” en Lima, cuyo tema central fue “Hacia el Fin de la TB”. 

El MINSA infomó que los nuevos casos de TB se han reducido en los últimos 15 años en 43%, ósea que tenemos casi la mitad de nuevos casos de TB que en 2003; pero el asunto tiene matices. Si bien las estadísticas oficiales muestran ese descenso, se trata de la TB sensible, mientras que los casos de TB Multidrogo Resistente, van en un aumento sostenido con cerca de 1400 casos nuevos cada año. Este dato puede deberse a que no se están detectando nuevos casos de TB sensible, que luego se convierten en resistente, o a que los medicamentos ya no tienen el efecto esperado. Habría que añadir que el abandono del tratamiento en la TB Multidrogo Resistente es de alrededor de 30% y en regiones como Madre de Dios virtualmente el 100%.

CONTRALORÍA DESNUDA PROGRAMA

La respuesta del MINSA frente a la TB ha sido observada por el informe de la Contraloría de la República sobre la repuesta en Lima el 2016, que evidencia fallas continuas y sistemáticas: 1) no cumplimiento de metas de captación y búsqueda de sintomáticos; 2) baja calidad de detección, 75% debajo de lo esperado; 3) sólo el 19% de los sintomáticos logró tener las dos pruebas de esputo obligatorias; 4) 18 días para tener el resultado de la prueba de sensibilidad rápida, siendo el tiempo establecido 3 días. Asimismo, cerca de 120 casos nuevos de TB extremadamente resistente y 30 mil casos de TB sensible al año, exigen un replanteamiento de la estrategia del MINSA, del Estado y sociedad.

SIS SUFRIENTE

A ello hay que añadir un asunto derivado de la crisis irresuelta del SIS, que está generando barreras para la atención de las personas con TBC. El DL 1346 aprobado a inicios del año pasado, al exigir que ahora la afiliación al SIS esté condicionada a la “evaluación socio económica” a cargo del municipio distrital, en la práctica genera entre dos y cuatro mes de retraso en la cobertura financiera; si bien el tratamiento se entrega, el problema surge para los exámenes y demás requerimientos, que afectan drásticamente el bolsillo de los pacientes. Esta situación viola la Ley de TBC, que establece la obligación del Estado de dar atención integral a toda persona detectada.

El SIS el 2017 ha desafiliado cerca de un millón de ciudadanos, lo que se viene traduciendo en desatenciones de todo tipo. A pesar de que su presupuesto para el 2018 es 30% mayor que el año anterior, la gestión del SIS opera con una lógica de sospecha y restricción. Es injustificable que ahora a los pacientes del SIS se les haga firmar una declaración jurada de no contar con otro seguro de salud, lo que implica cargar al ciudadano una responsabilidad de los sistemas de información del Estado.

¿PERSIGUIENDO PACIENTES?

Pero lo más grave es que esa DJ contenga en siguiente párrafo: “Autorizo al SIS a iniciar las acciones legales correspondientes en caso falte a la verdad”. Es decir, primero cargan la responsabilidad del identificación de acceso al ciudadano, y luego lo obligan a declararse casi culpable de un delito; porque si uno asume la falsedad de un documento público está cometiendo delito contra la fe pública que puede ser penado con prisión.

Esto último expresa la lógica en que el Estado, el SIS y los hospitales públicos están funcionando. En lugar de respetar el derecho universal a la atención, buscan con evaluaciones y DJ colocar al ciudadano como un potencial peligro para evitar “las filtraciones”, que no son más que otro de los tótems que el neoliberalismo se ha inventado en salud. La TBC y cualquier situación de salud se resolverán con políticas universales, no con papelería intonsa.

Diario Uno 18 febrero