La salud aparece en la agenda pública cuando se produce un escándalo relacionado a la corrupción o a la mala práctica. Se genera una ventana de oportunidad para debatir los temas de fondo, pero en pocos días se diluye. Los tres últimos momentos: agosto de 2016 con la amputación de las extremidades de Shirley Meléndez en el Almenara; octubre de 2016 el caso Moreno del Hospital Loayza y el SIS; septiembre de 2017 con la muerte de la madre de Ana Jara en el Rebagliati de ESSALUD. 

En esas coyunturas queda claro que el sistema de salud y el acceso a las atenciones de la forma en que están planteadas no dan para más, que se requiere una reforma profunda de los ejes que sostienen el desarrollo de la salud, y que eso se lograra con decisiones políticas y financieras sostenidas. Los argumentos en contra de esos cambios provienen de los extremos: el que sostiene que el sistema no puede mejorar mientras no se cambie todo el modelo y el que afirma que no podemos aspirar a cambios profundos porque no somos Europa ni contamos con recursos para ello.

UNIVERSALIDAD CIUDADANA

Ambas posiciones son falsas. Los avances en la universalidad de la atención como responsabilidad pública se vienen dando en países muy distintos, cuentan con evidencia y comprobaciones, como lo que viene sucedido en Uruguay, Turquía, Ecuador, Sry Lanka o Tailandia. Cada proceso con sus particularidades, pero aplicando el eje que permite desencadenar la universalización: dar a todos los ciudadanos exactamente el mismo derecho a la atención, sin diferencia por condición laboral, social o económica. En algunos casos la cobertura prestacional en un inicio abarca más que en otros, pero en todos prima la igualdad ciudadana y la progresividad obligatoria.

Mientras que en sistemas como el peruano, mexicano, colombiano o chileno, al mantenerse dos formas de acceso diferenciadas, la relacionada al trabajo formal (ESSALUD) y la relacionada a la “vulnerabilidad” (SIS), se hace inviable avanzar en una efectiva universalización. Es decir, no es posible universalizar desde dos esquemas distintos de acceso, atención, garantía de derechos, financiamiento, prestación y administración. La universalización es horizontal para generar integración y evitar duplicidades; el Perú mantiene la forma vertical, con una torre SIS por un lado y otra torre ESSALUD por el otro, que no se integrarán en el esquema actual.

DE DÓNDE VENIMOS

Nuestro sistema de salud se ha constituido desde la diferencia y para contener el ingreso de otros. Tuvimos el primer hospital dedicado a la atención de los españoles, el San Andrés; el segundo para los “indígenas”, el Santa Ana; el tercero para los “morenos libertos”, el San Bartolomé. No siendo casual que los inmigrantes decidieran crear sus propios sistemas de atención con la Meson de Sante en 1866, la Clínica Italiana en 1900, o la Clínica Anglo Americana en 1921; y que en 1936 surja el Seguro Obrero construyendo su propia red y en 1948 el Seguro Empleado.

Si no reconocemos de dónde viene el sistema de salud, no podremos saber hacia dónde llevarlo. En concreto, la marcada diferencia de acceso, financiamiento y prestación que generan dos sistemas como el SIS y ESSALUD, y la de demostrada imposibilidad de que al menos coordinen en beneficio de toda la población, impide universalizar la salud. Hace una década se intenta un esquema llamado “intercambio prestacional”, pero no funciona ni funcionará porque cada sistema cuida lo suyo antes que entregar lo suyo al servicio de la población.

¿No ha habido propuestas para universalizar? Sí hay propuestas en ese sentido; una la de FOROSALUD, otra la de la Comisión de Protección Social presentada hace pocos días. Los ejes: financiamiento sostenido e incrementado, conformación de un Seguro Público Nacional que agrupe los fondos SIS y ESSALUD, integración de las redes de atención, capacidad de orientar las políticas gestionando los recursos, participación y control ciudadano. Comencemos a recuperar el sentido de lo que requerimos en salud.