Desde diversos frentes y con débiles argumentos se ataca o cuestiona el desarrollo de las Elecciones Ciudadanas convocadas por el Frente Amplio. Se trata de una consulta ciudadana que las organizaciones del FA han asumido definitorias para su candidatura presidencial. Así como otros lo deciden entre cuatro paredes, chantajeando o con el dinero sobre la mesa, el FA ha definido la forma de hacerlo recogiendo el sentir de todos aquellos ciudadanos que acudan a votar el 4 de octubre. 

Eso es todo. Le puede agradar o no a los rivales políticos de la derecha y de la misma izquierda, pero cuestionar su legalidad es no tener otra forma de enfrentar un hecho político que descoloca a la mayoría de fuerzas, que hablan de fortalecer la democracia recogiendo y abriendo canales al sentir de la gente, pero a la hora en que alguien lo lleva a la práctica tergiversan los hechos.

Si bien entre los rivales políticos la desubicación es entendible, lo asombroso es la reacción de algunos funcionarios públicos (a los cuales les pagamos puntualmente el sueldo cada mes), que se atreven a sostener que podrían llegar a anular esta consulta ciudadana. Pues si los órganos encargados de fortalecer la participación ciudadana para llevarla a ser vinculante, son los que desde una mirada burocrática, vertical y atrevida, pretenden cuestionar la libre participación, es que estamos en manos de una sarta de desubicados.

La participación ciudadana es un derecho fundamental y el Estado simplemente no lo puede limitar o cuestionar. Si bien el Estado cuenta con canales institucionales de participación como diversos consejos en sectores de gobierno u otros mecanismos, o en los propios procesos electorales, esa institucionalidad esta imposibilitada de condicionar las otras expresiones de decisión (vinculante o no) por propia autonomía de las organizaciones. Aceptar ello sería agacharnos ante un autoritarismo encubierto que desde el Estado pretende reducir el derecho a decidir de la gente a una pantomima administrativa.

Por el lado de los analistas, la cuestión es patética. Levitski y otros que se la pasan escribiendo de la necesidad de recoger en sentir de la ciudadanía por la desconexión de los partidos, a la hora de los loros encuentran las justificaciones para cuestionar lo que proponen. Que se van a sacar los ojos en el FA, que sólo los “partidos grandes” pueden garantizar primarias exitosas, que los que votan no son representativos y son ideologizados, que se eligen malos candidatos, y así, todo se convierte en oscuro y turbio.

Levitski al achacar las siete plagas a las elecciones ciudadanas del FA, olvida selectivamente lo que hace poco pasó en el PPC, que en su Congreso tuvo que cerrar la puerta de su local a un sector opuesto a sus dirigentes, o las elecciones internas del APRA con un búfalo rompiendo todas las ánforas electorales a su paso porque perdió. Sí señor Levitski, en el Perú los partidos tradicionales dan ejemplo de respeto a las decisiones de sus bases (imaginemos si abrieran eso a la ciudadanía).

El piso esta recontra parejo, pero como siempre, hay que enfrentar a los retrógrados políticos y cabeza hueca estatales. Sería un error dejarse atarantar por las críticas a las primarias ciudadanas del FA. Como bien dice David Roca, estas elecciones (elecciones viene de elegir, no de lo que diga la ONPE) no son ni legales ni ilegales; son un acto más de autonomía de la voluntad individual y social (como los miles que se dan día a día), que el FA ha comprometido validar en sus instancias frente a la institucionalidad electoral ¿Tanto pánico a eso? Señores críticos liberales ¿qué acto más liberal que dejar que la ciudadanía defina quién representa al FA la elección presidencial?

Alexandro Saco